Miguel NavarroEl Grupo Municipal Popular en Peñaranda de Bracamonte ha denunciado públicamente la existencia de irregularidades en el Convenio de Trabajo del Personal Funcionario aprobado en septiembre de 2025 por el equipo de gobierno municipal. Según señalan, varios de sus artículos han sido declarados ilegales y deberán ser anulados tras la intervención del Ministerio competente y de los tribunales.
La información se dio a conocer la pasada semana durante la Comisión de Régimen Interior, donde, según el PP, se confirmó que el acuerdo incluía disposiciones contrarias a la legislación vigente. El convenio fue aprobado en su momento con los votos favorables del equipo de gobierno y el apoyo del concejal de Peñaranda en Común, que entonces lo calificó como un acuerdo «muy positivo», según explica el Partido Popular en una nota de prensa.
Desde el Grupo Popular consideran que lo ocurrido evidencia una forma de gestión basada en la «improvisación» y la «falta de rigor». En este sentido, critican que durante la negociación se llegara a afirmar que «se pide lo máximo y si cuela, cuela», una expresión que, a su juicio, refleja una manera de actuar incompatible con la responsabilidad institucional.
EL PP SE PREGUNTA SI LA ALCALDESA CONOCÍA LA ILEGALIDAD
Los populares subrayan que la responsabilidad última de lo sucedido recae en el equipo de Gobierno y en la alcaldesa, y plantean varias cuestiones que, aseguran, siguen sin respuesta, como si se tenía conocimiento previo de la ilegalidad de algunos artículos o qué controles jurídicos se aplicaron antes de la aprobación.
Asimismo, el PP sostiene que algunas de las medidas incluidas en el convenio no solo eran contrarias a la ley, sino que además suponían un retroceso en derechos laborales. Como ejemplo, mencionan permisos de maternidad y paternidad inferiores a los establecidos por la normativa estatal, así como incentivos a la jubilación previamente anulados por los tribunales o retribuciones fuera del marco legal.
El Grupo municipal Popular insiste en que este caso no debe considerarse un error puntual, sino parte de una forma de gestionar que, según denuncian, consiste en aprobar acuerdos sin el respaldo jurídico necesario y dejar que posteriormente sean otras administraciones o la justicia quienes los corrijan.
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