Miguel NavarroPeñaranda en Común ha exigido al Partido Socialista que acelere el cumplimiento del acuerdo alcanzado para aprobar los presupuestos municipales y ha anunciado que pedirá explicaciones en el próximo pleno por la falta de avances desde la firma del pacto.
Desde la formación municipalista han señalado que, tras facilitar la estabilidad necesaria para sacar adelante las cuentas, resulta imprescindible que los compromisos adquiridos se traduzcan en medidas concretas.
«Ha pasado ya un mes y medio desde la firma entre Peñaranda en Común y el Partido Socialista para sacar adelante los presupuestos, tiempo más que suficiente para empezar a ver avances», han afirmado desde la organización.
Asimismo, han advertido de que el acuerdo «no puede quedar en una mera declaración de intenciones». En este sentido, han añadido que «nuestra responsabilidad fue actuar con sentido institucional para garantizar unos presupuestos, pero ahora es el momento de que el Partido Socialista cumpla su parte».
La retirada de vehículos durante la celebración del mercadillo semanal
Como primer paso, Peñaranda en Común ha planteado que el equipo de Gobierno haga cumplir la ordenanza que regula la venta ambulante.
«Uno de los primeros puntos del acuerdo es el compromiso de la retirada de las plazas de todos los vehículos que dan servicio a los tenderos durante la celebración del mercadillo semanal, estableciéndose para ello un aparcamiento disuasorio y organizado. A día de hoy, cualquier vecino que acuda al mercado puede observar que eso no está sucediendo y el interior de las plazas están abarrotadas de vehículos de los propios vendedores ambulantes», han manifestado.
La formación ha advertido además de que realizará un seguimiento riguroso del grado de ejecución de los compromisos y no ha descartado impulsar nuevas iniciativas políticas si no se producen avances en un plazo razonable.
Finalmente, Peñaranda en Común ha reiterado su disposición al diálogo, aunque ha insistido en que este debe ir acompañado de hechos. «Cumplir los acuerdos es una cuestión de credibilidad política y de respeto a la ciudadanía», han concluido.
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