Ana PlazaEn su reciente discurso que podría calificarse más de asalto verbal que de política coherente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha demostrado una vez más una alarmante disposición para minar pilares fundamentales de la democracia: la libertad de expresión y la independencia judicial. Este comportamiento no solo erosiona la confianza pública en nuestras instituciones, sino que también representa un directo ataque a los periodistas y jueces que son esenciales para mantener al gobierno bajo escrutinio.
Las declaraciones de Sánchez, teñidas de un desdén poco disimulado por quienes osan criticar su administración, revelan una tendencia preocupante hacia la autocracia. Al cuestionar la integridad de los periodistas y la imparcialidad de los jueces, el presidente no solo socava su credibilidad, sino que intenta pintar cualquier crítica o investigación como un ataque personal o político, desviando así la atención de las verdaderas cuestiones en juego.
Este tipo de retórica no solo es irresponsable, sino peligrosa. Al atacar a los guardianes de la democracia, Sánchez no solo pone en peligro la libertad de prensa, sino que amenaza la mismísima estructura sobre la cual se construye nuestra sociedad libre y justa. Es esencial que los medios de comunicación y el poder judicial permanezcan independientes y libres de presiones políticas, para que puedan seguir desempeñando su rol vital en nuestra democracia.
Como periodistas, es nuestro deber no solo informar, sino defender nuestra capacidad de hacerlo sin temor a represalias. Si permitimos que este tipo de ataques queden sin respuesta, no solo estaremos fallando en nuestro deber profesional, sino también en nuestra obligación cívica. La libertad de prensa es demasiado valiosa como para ser pisoteada por conveniencias políticas pasajeras.
