Agencia ICAL
Las organizaciones profesionales agrarias Asaja y Coag solicitaron al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una prórroga de tres años adicionales (hasta 9 de enero de 2028) para la entrada en vigor del Real Decreto 159/2023 que establece nuevas exigencias de bienestar animal para las explotaciones de porcino españolas. Esta prórroga permitiría, a juicio de estas organizaciones, una adaptación gradual y ordenada, una alineación con la normativa europea y la adopción de un plan coordinado de implantación.
Según estas organizaciones, la implementación del RD 159/2023 y los nuevos requisitos de densidad de espacio por animal supondrán una pérdida de entre cuatro y ocho millones de cerdos cebados al año, dependiendo del método de cálculo de la superficie útil y la aceptación del redondeo por corral. Además, la reducción de plazas oscilará entre el 7,06% y el 16,34%.
«La prórroga solicitada y la modificación de densidades propuestas son esenciales para asegurar una transición ordenada, mantener la viabilidad económica de las explotaciones y continuar contribuyendo al equilibrio territorial y socioeconómico de amplias zonas rurales», subrayaron desde Asaja y Coag y recogió Servimedia.
Además, lo cálculos realizados por el sector recogen un sobrecoste por encima de los 300.000 euros para adaptar las granjas a la reducción de densidades por metros cuadrados que, en el caso de querer ampliar la superficie de las mismas para mantener el nivel de producción, superarían los 500.000 euros.
En relación a ello, Coag y Asaja reclamaron también a Agricultura ayudas específicas para facilitar la transición hacia las nuevas normativas. Estas ayudas, según explicaron desde las organizaciones, servirían para apoyar a los ganaderos en la adaptación de sus explotaciones y en la implementación de mejoras necesarias para cumplir con los nuevos estándares de bienestar animal.
Además, los ganaderos se enfrentan a dificultades significativas para obtener las autorizaciones necesarias para la ampliación de sus granjas. Las regulaciones actuales y las restricciones administrativas, a juicio de estas organizaciones, complican el proceso de expansión, limitando la capacidad de las explotaciones para cumplir con las nuevas normativas de bienestar animal.
